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ISSN en línea: 2631-2913
REFLEXIONANDO LA SITUACIÓN DE LA
POBLACIÓN MIGRANTE VENEZOLANA
REFLECTING ON THE SITUATION OF THE
VENEZUELAN MIGRANT POPULATION
Recibido: 27/12/2024 - Aceptado: 09/04/2026
Carlos Gerardo Enríquez Ordóñez
Profesor de la Universidad Mariana
Colombia
Magíster en Dirección Estratégica
Universidad Internacional Iberoamericana UNINI
cenriquez@umariana.edu.co
https://orcid.org/0000-0002-6584-5595
Nubia del Rosario González Martínez
Profesora de la Universidad Mariana
Colombia
Magíster en Administración de Organizaciones
Universidad Nacional Abierta y a Distancia
ngonzalez@umariana.edu.co
https://orcid.org/0000-0002-7549-1057
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Enríquez, C. G., González, N. R., Torres, L. M., & Gómez, A. H. (Julio - diciembre de 2026). Reexionando la situación de la población migrante venezolana.
Visión Empresarial, Vol. 16, Núm. 2. 168 – 190. https://doi.org/10.32645/13906852.1468
Reexionando la situación de la población migrante venezolana
Lyda María Torres Arteaga
Directora de la Universidad Mariana
Colombia
Magíster en Derecho Internacional, Derechos Humanos y Cooperación
Internacional
Instituto Europeo Campus Stellae
ltorres@umariana.edu.co
https://orcid.org/0000-0002-5570-2881
Álvaro Hugo Gómez Rosero
Profesor de la Universidad Mariana
Colombia
Magíster en B-learning
Universidad de Bucaramanga
agomez@umariana.edu.co
https://orcid.org/0000-0002-7203-1346
Como citar este artículo:
Enríquez, C. G., González, N. R., Torres, L. M., & Gómez, A. H. (Julio -
diciembre de 2026). Reexionando la situación de la población migrante
venezolana. Visión Empresarial, Vol. 16, Núm. 2. 168 – 190. https://doi.
org/10.32645/13906852.1468
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Visión Empresarial, Vol. 16, Núm. 2. 168 – 190. https://doi.org/10.32645/13906852.1468
Resumen
El presente artículo constituye un análisis del fenómeno migratorio venezolano —particularmente
en su dimensión normativa, política y socioeconómica en los municipios de frontera de Colombia
y Perú— como aporte a la investigación “Evaluación del impacto socioeconómico de la población
migrante venezolana en los municipios de Pasto e Ipiales (Colombia) y Tumbes y Zarumilla (Perú)”,
cuyo objetivo es identicar las condiciones migratorias, sociales y económicas de dicha población en
contextos de frontera. Desde un enfoque empírico-analítico, se desarrolló una revisión estructurada
de fuentes secundarias con el propósito de identicar patrones, vacíos y enfoques existentes en
torno a la migración venezolana y su impacto en las regiones receptoras. La metodología permitió
organizar la información según criterios de inclusión y exclusión, valorar la calidad de los estudios
seleccionados y generar una síntesis interpretativa sobre las respuestas estatales, la situación de
derechos de los migrantes y sus condiciones de vida. Entre los principales hallazgos se destacan la
heterogeneidad de las políticas públicas, la persistencia de barreras de acceso a servicios esenciales
y la relevancia del marco normativo internacional como referente. Además, se evidenció el valor
de la revisión documental para comprender el fenómeno desde una perspectiva comparativa y
multisecular, permitiendo sustentar líneas de investigación más focalizadas. En conclusión, la revisión
bibliográca sistemática aportó un marco conceptual y contextual que orientó la construcción de
un diagnóstico riguroso, favorece la identicación de buenas prácticas y respalda la formulación de
políticas públicas más integradoras en los territorios fronterizos.
Palabras clave: Migración internacional, política migratoria, condiciones económicas, derechos
humanos.
Abstract
is article is an analysis of the Venezuelan migration phenomenon, particularly in its regulatory,
political, and socioeconomic dimensions in the border municipalities of Colombia and Peru, as
a contribution to the research project “Evaluation of the socioeconomic impact of the Venezuelan
migrant population in the municipalities of Pasto and Ipiales (Colombia) and Tumbes and Zarumilla
(Peru),” which aims to identify the migratory, social, and economic conditions of this population
in border contexts. From an empirical-analytical approach, a structured review of secondary sources
was developed to identify patterns, gaps, and existing approaches to Venezuelan migration and
its impact on the receiving regions. e methodology allowed the information to be organized
according to inclusion and exclusion criteria, the quality of the selected studies to be assessed, and an
interpretive synthesis to be generated on state responses, the rights situation of migrants, and their
living conditions. Among the main ndings are the heterogeneity of public policies, the persistence
of barriers to access to essential services, and the relevance of the international regulatory framework
as a reference point. In addition, the value of the document review was evident in understanding
the phenomenon from a comparative and multisecular perspective, allowing for more focused lines
of research. In conclusion, the systematic literature review provided a conceptual and contextual
framework that guided the construction of a rigorous diagnosis, favors the identication of good
practices, and supports the formulation of more inclusive public policies in border territories.
Keywords: International migration, migration policy, economic conditions, human rights.
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Código JEL: O15 Recursos humanos, Desarrollo humano, Distribución del ingreso, Migración.
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Introducción
La migración venezolana ha alcanzado niveles críticos en América Latina, especialmente en naciones
vecinas como Colombia y Perú, que se han consolidado como los principales territorios receptores
de esta población. La motivación principal para llevar a cabo este estudio se originó en la necesidad
de comprender las consecuencias sociales, económicas y normativas de este proceso migratorio,
particularmente en contextos fronterizos, lo constituye la principal motivación del presente estudio.
A pesar de los esfuerzos institucionales implementados en la región, persisten múltiples desafíos que
están asociados a la integración social de las personas migrantes, la efectiva adquisición de derechos
esenciales y la elaboración de políticas públicas apropiadas para abordar esta situación.
El problema que aborda esta investigación se centra en la limitada comprensión sistemática
del impacto socioeconómico que genera la migración venezolana en los municipios de frontera, así
como las condiciones de tránsito, residencia e inserción que afectan tanto a la población migrante
como a las comunidades receptoras. Si bien existen diversos estudios sobe movilidad humana
en América Latina, se identica la necesidad de análisis contextualizados que funcionen como
herramienta para la elaboración de estrategias de intervención fundamentadas en evidencia.
Este artículo se construye como una fase previa de fundamentación de la investigación
titulada “Evaluación del impacto socioeconómico de la población migrante venezolana en los municipios
de Pasto e Ipiales (Colombia) y Tumbes y Zarumilla (Perú)”, y tiene como propósito realizar una
revisión bibliográca sistemática que permita identicar los principales enfoques teóricos, vacíos
conceptuales, tendencias normativas y condiciones socioeconómicas asociadas al fenómeno
migratorio venezolano. De este modo, se busca sustentar teóricamente el estudio de campo, orientar
la identicación de variables clave y contribuir al desarrollo de políticas públicas más integradoras
en territorios fronterizos.
A partir de este contexto, la investigación pretende resolver a manera de hipótesis la
siguiente armación: “La migración venezolana ha generado impactos socioeconómicos diferenciados en
los municipios de frontera, cuya magnitud y naturaleza dependen del tipo de respuesta institucional, el
grado de integración social y las condiciones del contexto local”.
Marco teórico
Con el objetivo de contextualizar y analizar los principales enfoques académicos, normativos y
empíricos sobre el fenómeno de la migración venezolana en América Latina, resulta necesario
identicar la base teórica que sustenta el proceso metodológico y los objetivos planteados en la
investigación. El desarrollo de este apartado se apoyó en una revisión bibliográca sistemática de
fuentes académicas y documentos institucionales, publicados principalmente en los últimos cinco
años, lo que permitió garantizar la actualidad y pertinencia de los contenidos analizados.
El propósito central del marco teórico fue identicar y estructurar las principales
contribuciones conceptuales relacionadas con las variables fundamentales de la investigación:
migración internacional, política migratoria, condiciones socioeconómicas y protección de derechos
humanos, con énfasis en los contextos fronterizos de los países receptores. Estas categorías fueron
seleccionadas por su relevancia directa en el análisis del impacto socioeconómico de la población
migrante venezolana y su articulación con los objetivos especícos del estudio.
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Reexionando la situación de la población migrante venezolana
Dinámica de la migración venezolana
De acuerdo con Matías, da Silva y Farago (2020), el fenómeno de la migración venezolana ha
provocado un impacto signicativo en diversos países de América Latina, estableciéndose como una
crisis de carácter multidimensional con profundas repercusiones sociales, económicas y políticas.
En países como Ecuador, por ejemplo, la llegada masiva de personas migrantes venezolanas ha
intensicado la inseguridad alimentaria, situación que se agravó durante la pandemia de COVID-19,
afectando especialmente a las poblaciones en situación de vulnerabilidad (Milán y Martens, 2023).
Asimismo, esta diáspora ha inuido en dinámicas comerciales y estrategias de marketing,
destacándose la comercialización de productos nostálgicos que apelan a las emociones y recuerdos
de los migrantes, como forma de conexión cultural y adaptación en los países de acogida (Palomino-
Tamayo et al., 2022). En cambio, las condiciones de trabajo de los migrantes venezolanos tienden
a ser deplorables: trabajos informales, condiciones de insalubridad, falta de protección legal y
carencia de una vivienda apropiada. Estos factores incrementan su vulnerabilidad en los contextos
de recepción (Matías et al., 2020).
Incluso en el territorio de Venezuela, la crisis estructural ha provocado un deterioro
signicativo de los sistemas de infraestructura y cohesión social. Esto se evidencia, por ejemplo,
en la desarticulación y la falta de sostenibilidad del sistema de transporte público venezolano, lo
que reeja el colapso institucional que ha impulsado la movilidad forzada (Matías et al., 2020).
En conjunto, estos estudios revelan que la migración venezolana constituye un fenómeno de alto
impacto con efectos complejos en el país de origen y en las sociedades receptoras.
Políticas y regulación migratoria
Las políticas de migración internacional enfrentan actualmente desafíos estructurales y sociales para
atender de manera integral las necesidades de las personas migrantes y sus familias, especialmente
en situaciones de desplazamiento forzado, como es el caso venezolano. Diversas investigaciones
coinciden en que la regulación del estatus migratorio, aunque necesaria, resulta insuciente si no
se acompaña de políticas que aborden dimensiones fundamentales como la educación, la salud, el
bienestar psicosocial y la estabilidad laboral.
Martínez Rojas et al. (2021) evidencian que los sistemas educativos de los países receptores
reproducen prácticas de discriminación y racismo hacia niños, niñas y jóvenes migrantes. Como
respuesta, se han promovido enfoques de educación orientados al reconocimiento de la diversidad
cultural; sin embargo, su implementación continúa siendo limitada y, en muchos casos, meramente
simbólica. Esta problemática es particularmente relevante en zonas de frontera, donde los sistemas
educativos carecen de recursos sucientes para gestionar la heterogeneidad cultural y lingüística de
la población migrante venezolana.
Desde una perspectiva familiar y psicosocial, Luz et al. (2024) destacan la importancia de
analizar el impacto de la migración transfronteriza en la vida familiar de las personas migrantes
a través de revisiones sistemáticas que integren evidencia cualitativa. Este enfoque permite
visibilizar afectaciones emocionales derivadas de la separación familiar, la inseguridad jurídica y la
incertidumbre frente al retorno.
En el ámbito de la salud, Liem et al. (2020) identican múltiples barreras de acceso a servicios
médicos para los trabajadores migrantes internacionales (IMW), quienes enfrentan altos niveles de
estrés, ansiedad y síntomas de salud mental. Los autores subrayan la urgencia de implementar
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servicios sanitarios accesibles, culturalmente pertinentes y multilingües, especialmente en contextos
de crisis sanitarias como la pandemia del COVID-19, que agudizó las desigualdades preexistentes.
Desde el enfoque laboral, Matías et al. (2020) proponen un modelo teórico que relaciona la
precariedad laboral con el fenómeno migratorio. Su análisis muestra que, a pesar de la contribución
económica de las personas migrantes a los países receptores, estas se enfrentan a condiciones laborales
inestables, bajos salarios, informalidad y condiciones habitacionales inecientes, lo cual reproduce
ciclos de exclusión y vulnerabilidad estructural.
En conjunto, estos hallazgos resaltan la importancia de diseñar políticas migratorias
integrales y multisectoriales que superen el enfoque de control del ujo migratorio y promuevan una
inclusión social efectiva y sostenible. Esto implica fortalecer la educación intercultural, garantizar el
acceso equitativo a servicios de salud y empleo digno, proteger los derechos familiares y laborales, y
combatir estigmas sociales como el racismo, la xenofobia y la aporofobia.
Impacto socioeconómico
Lauritano et al. (2021) señalan que la salud bucodental de las personas migrantes presenta un
deterioro considerable en comparación con la población local, con mayores prevalencias de
caries y enfermedades periodontales. Estas afecciones se relacionan directamente con condiciones
estructurales como bajos ingresos, escaso nivel educativo y acceso restringido a servicios preventivos.
En el caso de la población venezolana en tránsito o asentada en zonas de frontera, el acceso a
atención odontológica es prácticamente inexistente y depende, en gran medida, de intervenciones
humanitarias de carácter temporal.
En cuanto a la salud sexual y reproductiva, Egli-Gany et al. (2021) destacan que las mujeres
migrantes enfrentan múltiples obstáculos derivados de crisis económicas, marcos normativos
restrictivos y prácticas discriminatorias que limitan el acceso a métodos anticonceptivos, controles
prenatales y servicios especializados. Estas barreras incrementan riesgos obstétricos y perinatales,
especialmente en adolescentes y mujeres en situación migratoria irregular.
De manera complementaria, informes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS,
2023) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2022) evidencian que la salud de las
mujeres migrantes está condicionada por factores sociales y laborales. La OPS resalta que las barreras
lingüísticas y la debilidad de las redes de apoyo social dicultan el acceso a los servicios de salud y
profundizan el aislamiento social. Por su parte, la OIT vincula la precariedad laboral-caracterizada
por la informalidad, inestabilidad y bajos ingresos con un aumento signicativo de los niveles de
estrés y ansiedad.
A estos factores se suman las desigualdades de género. Investigaciones de ONU Mujeres
(2023) señalan que los estereotipos de género exponen a las mujeres migrantes a una mayor carga de
trabajo no remunerado, así como a mayores riesgos de violencia, lo que incrementa su vulnerabilidad
frente a problemas de salud física y emocional. En contextos marcados de informalidad laboral,
inseguridad económica y aislamiento social, se incrementan —además de la propensión a
enfermedades crónicas— trastornos emocionales y situaciones de desnutrición (Luzes, Pilatowsky
y Ruiz Contreras, 2024).
Finalmente, la literatura resalta que la participación en entornos comunitarios seguros
y el fortalecimiento de los vínculos sociales constituyen factores protectores frente al impacto
socioeconómico del proceso migratorio. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM,
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2024) destaca que el capital social y las redes comunitarias actúan como mecanismos de resiliencia,
amortiguando los efectos del estrés, la exclusión y la precariedad asociados a la migración forzada.
En síntesis, los hallazgos enfatizan la necesidad apremiante de poner en marcha intervenciones
en salud pública, culturalmente pertinentes, así como políticas integrales que incluyan a los migrantes
en los sistemas de salud, empleo, vivienda, alimentación y educación. Si no se tratan estos factores,
las disparidades en salud no solo perdurarán, sino que se agravarán, de modo que perpetúen ciclos
de marginación y vulnerabilidad en las comunidades migrantes. Teniendo en cuenta que el estudio
de la migración venezolana exige también articular perspectivas multidisciplinares que superen el
reduccionismo demográco y se adentren en enfoques teóricos, es necesario referirse a la migración
forzada, la ciudadanía transnacional, la integración territorial y el enfoque interseccional, los cuales
permiten comprender las complejidades del desplazamiento regional.
La migración forzada es un fenómeno complejo que implica el desplazamiento de personas
debido a amenazas a su vida, dignidad o libertad, en contextos de violencia y crisis humanitaria
(Castillo, 2025; López, 2020). Este tipo de migración se caracteriza por la transgresión de derechos
humanos durante el tránsito migratorio y está vinculada a procesos socioeconómicos, políticos y
medioambientales en diferentes escalas (Castillo, 2025). Las experiencias de los migrantes forzados
están marcadas por la tragedia, la vulnerabilidad social y el miedo, siendo las redes sociales y
familiares fundamentales para su supervivencia (López, 2020). Las causas de la migración forzada
incluyen la violencia, las economías legales e ilegales, y los efectos adversos del cambio climático
(Sánchez, 2023). Es importante, distinguir entre diferentes modalidades de movilidades forzadas,
como migración forzada, desplazamiento forzado interno y exilio, para una mejor comprensión
y protección jurídica de las poblaciones afectadas (Coraza de los Santos, 2020; Sánchez Poveda,
2023).
En el caso venezolano, múltiples estudios evidencian que el colapso institucional, la
inseguridad alimentaria y el deterioro de sistemas de salud y educación han congurado esta
movilidad como un fenómeno de sobrevivencia (Gandini et al., 2019; Fernández-Niño et al., 2019;
Freitez, 2024).
El concepto de ciudadanía transnacional desafía las nociones tradicionales de las fronteras
entre los Estados-nación y los derechos de ciudadanía. La perspectiva de la Autonomía de la
Migración ofrece una visión alternativa sobre la movilidad humana y los controles migratorios,
enfatizando la capacidad de los migrantes para congurar los procesos migratorios (Casas-Cortés y
Cobarrubias, 2020). La ciudadanía se percibe cada vez más como un proyecto normativo abierto
e inacabado, en lugar de una condición formal cerrada, donde los derechos forman la base ética
para expandir la ciudadanía más allá de los modelos sedentarios de comunidad política (Turégano,
2020). Sin embargo, las políticas actuales de control migratorio e integración social siguen siendo
insucientes para abordar las necesidades de las personas en situación de movilidad humana. Existe
un creciente llamado a la adopción de estándares internacionales de protección para prevenir la
discriminación y las múltiples desigualdades que enfrentan las poblaciones móviles (Cabrera,
2023). Estas perspectivas desafían colectivamente los marcos convencionales del Estado-nación
y abogan por modelos de ciudadanía más inclusivos. Este enfoque resulta útil para analizar los
dilemas legales de los migrantes venezolanos, quienes enfrentan vacíos normativos que limitan el
ejercicio de derechos en los países de acogida.
La integración territorial, por su parte, se reere al proceso mediante el cual los migrantes se
vinculan a las dinámicas locales, generando transformaciones en los sistemas productivos, culturales
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y sociales. Lo anterior sugiere que esta dimensión requiere políticas públicas con enfoque territorial,
que reconozcan las particularidades de los municipios receptores y promuevan la inclusión desde el
arraigo comunitario (Bahar et al., 2020; Zapata, 2021).
Derechos humanos sociodemográcos
Los derechos humanos de las comunidades migrantes deben examinarse en función de los elementos
estructurales y sociodemográcos que determinan su acceso a servicios fundamentales y a condiciones
de vida dignas. La evidencia reciente muestra que, aunque estos derechos están reconocidos en
instrumentos internacionales, en la práctica su garantía se ve obstaculizada por crisis económicas,
políticas migratorias restrictivas, barreras legales, y prácticas institucionales discriminatorias que
perpetúan la exclusión.
Egli-Gany et al. (2021) subrayan que los determinantes sociales, como la pobreza, el estatus
migratorio irregular y la ausencia de redes de apoyo, inciden de forma directa en la salud sexual y
reproductiva de las personas migrantes, particularmente en mujeres y adolescentes. La falta de acceso
a servicios especializados, la estigmatización cultural y la carencia de mecanismos de protección
efectiva agudizan situaciones de vulnerabilidad, lo cual representa una violación sistemática del
derecho a la salud integral.
Dondi et al. (2020) aportan evidencia sobre los efectos de la inseguridad alimentaria en
niños y niñas migrantes, asociada a patrones dietarios inadecuados, malnutrición y riesgo creciente
de obesidad o deciencias nutricionales. Este fenómeno no solo compromete el desarrollo físico
y cognitivo de la infancia migrante, sino que expone la debilidad de los programas de protección
social en contextos de acogida, donde muchas veces se excluye a quienes carecen de documentación
regular o no están escolarizados formalmente.
En el ámbito psicosocial, Bekteshi y Kang (2020) identican el estrés aculturativo como un
factor de alto impacto en la salud mental de los inmigrantes latinos en Estados Unidos, producto
de experiencias de discriminación, barreras lingüísticas, separación familiar y ruptura de redes
sociales. Sin embargo, también reconocen la relevancia de factores protectores como el apoyo
social, la competencia cultural del entorno institucional, y la presencia de comunidades migrantes
organizadas que pueden mitigar los efectos negativos del proceso migratorio.
Vera Espinoza et al. (2021) analizan las respuestas institucionales de los países latinoamericanos
durante la pandemia de COVID-19, mostrando un panorama heterogéneo en cuanto a la inclusión
de personas migrantes en sistemas de salud y programas de protección social. Si bien algunos países
ampliaron sus coberturas, en muchos casos persistieron restricciones basadas en el estatus migratorio
legal, lo cual refuerza la lógica de atención reactiva, limitada y fragmentada, dejando a amplios
sectores migrantes fuera del sistema de bienestar.
Estas investigaciones subrayan que la garantía de los derechos sociodemográcos de los
migrantes, en particular la salud, la nutrición, la protección social y el bienestar emocional, continúa
siendo un compromiso estructural en la zona. Las políticas públicas necesitan ser reestructuradas
en función de los derechos humanos, la equidad y la justicia social, poniendo especial atención en
la infancia, las mujeres y los grupos en circunstancias irregulares. Esto implica superar los enfoques
asistencialistas o de emergencia, y avanzar hacia marcos normativos y operativos que reconozcan a
los migrantes como sujetos de derechos plenos, independientemente de su estatus o nacionalidad.
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Materiales y métodos
El diseño metodológico del presente estudio se basó en un enfoque hermenéutico-analítico. Esto
implicó que el proceso de revisión fuera más allá de la mera descripción de los documentos. La
hermenéutica se aplicó para interpretar y comprender en profundidad el signicado, las intenciones
y el contexto de los textos seleccionados, permitiendo una visión más holística del fenómeno.
Simultáneamente, el análisis se utilizó para desglosar la información, identicar categorías de
estudio —como políticas migratorias, integración económica y acceso a servicios de salud— y
establecer relaciones causales y contextuales entre las diferentes fuentes.
El método utilizado fue el de revisión estructurada, siguiendo un procedimiento riguroso
y transparente para garantizar la validez de los resultados. La búsqueda de la literatura se realizó en
bases de datos académicos de acceso abierto como SciELO, Redalyc, Google Scholar y ScienceDirect,
así como en repositorios de organismos internacionales clave en el tema como ACNUR, la OIM,
CEPAL, el BID, la OPS y R4V. Esto aseguró una cobertura amplia y able de la información.
La selección de la literatura se basó en criterios claros y denidos tales como:
Criterios de inclusión: Se seleccionaron documentos publicados entre 2019 y 2024, de carácter
académico tales como artículos revisados por pares o institucional que correspondían a los informes
de organismos internacionales. Se priorizó la literatura con un enfoque explícito en el contexto
latinoamericano de la migración venezolana.
Criterios de exclusión: Se descartaron fuentes no vericables como los blogs, boletines de prensa
sin respaldo institucional, literatura desactualizada o que no estuviera directamente relacionada con
las categorías de análisis denidas para el estudio.
Una vez recopilada y ltrada la información, se procedió a una lectura y análisis interpretativo-
comparativo. Esta fase permitió contrastar los hallazgos de diferentes autores y documentos,
identicar patrones comunes o divergentes y construir de manera sintética las conclusiones que
fundamentan las siguientes etapas del proyecto de investigación.
Resultados
Este capítulo presenta los resultados derivados de la revisión bibliográca sistemática realizada como
fase preliminar del proyecto “Evaluación del impacto socioeconómico de la población migrante
venezolana en los municipios de Pasto e Ipiales (Colombia) y Tumbes y Zarumilla (Perú)”.
Contexto migratorio venezolano
Desde 2015, Venezuela ha experimentado una emergencia humanitaria compleja que ha
desencadenado el mayor éxodo en la historia reciente de América Latina. Para junio de 2024,
se contabilizan 7.774.494 personas venezolanas en movilidad humana, de las cuales 6.527.064
residen en América Latina y el Caribe (R4V, 2024). Este fenómeno se caracteriza por su masividad,
feminización y diversicación geográca, con rutas de alto riesgo como el Darién, que en 2024
ha sido transitado por más de 101.935 venezolanos (Observatorio de Venezuela, Universidad del
Rosario, 2024).
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Los principales factores de expulsión incluyen:
• Inseguridad alimentaria: 94% de los hogares venezolanos en 2021 no cubrían
necesidades básicas (UCAB, 2021).
• Colapso del sistema de salud: Aumento de la mortalidad materna e infantil
(Fernández-Niño et al., 2019).
• Retroceso educativo: La asistencia universitaria cayó del 48% al 30% entre jóvenes
de 18 a 24 años (Freitez, 2024).
• La migración venezolana responde a una lógica de supervivencia, vulnerando
incluso el “derecho a no migrar” (Gandini, Lozano y Prieto, 2019).
El desplazamiento masivo de ciudadanos venezolanos congura uno de los procesos
migratorios más complejos y de mayor magnitud en América Latina en el siglo XXI. De acuerdo
con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR, 2020), desde el
año 2015, más de siete millones de personas han abandonado Venezuela, movidas por una crisis
humanitaria multidimensional que ha comprometido gravemente el acceso a derechos fundamentales
y las condiciones básicas de subsistencia. Este fenómeno ha situado a Colombia y Perú como los
principales destinos en la región, albergando respectivamente más de 2.8 millones y 1.2 millones de
migrantes venezolanos (BID, 2022).
Actualizaciones recientes colocan este éxodo como el segundo mayor desplazamiento
forzado a nivel global, con más de 7.8 millones de venezolanos fuera de su país en 2024 (ACNUR,
2024). Las causas estructurales que explican esta migración incluyen el deterioro de la gobernanza
democrática, el colapso institucional, la hiperinación, la inseguridad alimentaria —que afecta
al 94% de los hogares venezolanos (UCAB, 2021)— y la degradación de los sistemas de salud y
educación (Fernández-Niño et al., 2019; Freitez, 2024). Estos factores no solo han incrementado la
vulnerabilidad social, sino que también han congurado un perl migratorio predominantemente
joven, con alta participación de mujeres en situación de riesgo (Egli-Gany et al., 2021; R4V, 2024).
La utilización de rutas de alto riesgo, como el paso del Darién, evidencia el nivel de
desesperación que atraviesa esta población. Más de 101.000 venezolanos cruzaron por esta zona
selvática en 2024, enfrentando amenazas como tráco de personas, violencia sexual y condiciones
extremas (Observatorio de Venezuela, Universidad del Rosario, 2024; OIM, 2024). Estas cifras
reejan no sólo la dimensión del fenómeno, sino la urgencia de diseñar respuestas regionales
coordinadas con enfoque de derechos humanos, integración territorial y protección internacional
efectiva (Plataforma R4V – ACNUR y OIM, 2024).
Este fenómeno ha transformado los municipios fronterizos en espacios de recepción y
tránsito, generando presiones sobre los sistemas locales de salud, educación, empleo y vivienda. La
migración venezolana ha dejado de ser un proceso coyuntural para convertirse en una dinámica
estructural que exige respuestas integrales desde el Estado y la sociedad civil (Zapata, 2021).
Escenario del fenómeno de migración
La migración, entendida como un proceso social complejo, implica no solo el desplazamiento físico
de personas, sino también la reconguración de territorios y políticas públicas. La OIM (2024)
dene al migrante como toda persona que se traslada fuera de su lugar de residencia habitual, sin
importar su estatus legal o motivo de desplazamiento. ACNUR (2020) complementa esta denición
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Reexionando la situación de la población migrante venezolana
al incluir a refugiados y solicitantes de asilo que huyen por razones de persecución, violencia o crisis
humanitaria.
En Colombia, el 56% de los migrantes venezolanos ingresaron de forma irregular, lo que
limita su acceso a derechos y servicios básicos (Migración Colombia, 2020). En el departamento
de Nariño, municipios como Pasto e Ipiales han registrado un incremento sostenido de población
migrante venezolana, consolidándose como focos principales de recepción y asentamiento. Según la
Gobernación, en Ipiales residen alrededor de 19.083 migrantes (de los cuales unos 3 .787 están en
situación irregular) y en Pasto aproximadamente 15.964 (con 7.488 sin estatus migratorio regular),
y el ujo mensual supera las 12.000 personas, equivalentes a unos 140.000 al año (Gobernación de
Nariño, 2025).
La irregularidad migratoria limita el ejercicio de derechos fundamentales como educación,
salud y vivienda digna (ACNUR, 2024). En respuesta, más de 1,3 millones de personas fueron
beneciadas en 2024 por iniciativas del Plan Regional de Respuesta (RMRP), coordinado por R4V,
que incluyen asistencia humanitaria integral (R4V, 2024). La integración se considera esencial,
incluyendo el acceso a empleo formal y servicios sociales, así como la reducción de la xenofobia
(OPS, 2024). A pesar de los esfuerzos, el nanciamiento de la respuesta regional es insuciente, con
apenas un 13% del presupuesto cubierto (R4V, 2024).
Acciones en política pública
A pesar de la implementación de programas de regularización a gran escala en la región, como el
Estatuto Temporal de Protección en Colombia que ha formalizado a más de 2 millones de personas
(Migración Colombia, 2024), persiste un desafío signicativo. Se estima que una cifra similar,
superando los 2 millones de migrantes venezolanos en América Latina y el Caribe, continúa en
situación irregular a causa de obstáculos legales, burocráticos y económicos (BID, 2024; R4V,
2024). Esta brecha entre los esfuerzos de regularización y la realidad de la diáspora subraya cómo las
barreras de acceso y los costos de los trámites en los países de acogida aumentan la vulnerabilidad
de esta población.
Iniciativas como el Proceso de Quito, Cartagena+40 y el Marco Integral Regional para la
Protección y Soluciones (MIRPS) han promovido la cooperación regional en materia migratoria y
refugio. Sin embargo, persisten desafíos en la implementación efectiva de los derechos humanos,
la protección internacional y la integración socioeconómica de las personas refugiadas y migrantes
(Forced Migration Review, 2024; Proceso de Quito, ACNUR y OIM, 20182023). En Perú, por
ejemplo, el endurecimiento de requisitos migratorios ha generado retrocesos en la protección (Luz
et al., 2024).
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (2003) ha reiterado que el estatus migratorio
no debe ser motivo de discriminación en el acceso a derechos fundamentales.
Las respuestas estatales frente al fenómeno migratorio han sido diversas y, en muchos casos,
fragmentadas. Colombia ha implementado instrumentos como el Permiso Especial de Permanencia
(PEP) y la Tarjeta de Movilidad Fronteriza, orientados a facilitar la regularización y el acceso a
servicios (Romero y Uribe, 2021). Sin embargo, persisten barreras en el ámbito laboral, educativo
y sanitario.
Zapata Olaya (2021) identica seis tipos de respuestas legales adoptadas por los países de
la región, desde la no intervención hasta la expulsión y discriminación. Colombia se ubica en el
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grupo que ha generado normativas especícas, aunque aún enfrenta desafíos en su implementación
efectiva. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (2003) ha reiterado que los Estados deben
garantizar los derechos laborales y sociales de todos los migrantes, independientemente de su estatus
legal.
América Latina ha adoptado diversas estrategias de regularización y protección.
Aproximadamente el 68% de los migrantes venezolanos han obtenido algún estatus regular o
reconocimiento como refugiados (OIM, 2024). Procesos regionales como el Proceso de Quito,
Cartagena+40 y MIRPS han impulsado la coordinación intergubernamental (Forced Migration
Review, 2024; Proceso de Quito, ACNUR y OIM, 20182023). Sin embargo, se estima que a nivel
de América Latina y el Caribe 2,2 millones permanecen en situación irregular debido a barreras
burocráticas y económicas (BID, 2024).
Condiciones socioeconómicas del migrante
La caracterización socioeconómica de los migrantes venezolanos revela altos niveles de informalidad
laboral, precariedad habitacional y dicultades en el acceso a la salud y educación. Un estudio de
la Universidad del Rosario (2022) indica que aproximadamente el 65 % de la población migrante
lleva más de tres años residiendo en Colombia, y cerca del 60 % arma que no tiene intención
de regresar a Venezuela, mientras que solo un 16 % contempla esa posibilidad (Universidad del
Rosario y Fundación Konrad Adenauer, 2022).
Estudios recientes destacan el impacto signicativo de la migración venezolana en el mercado
laboral y la economía de Colombia. La auencia de migrantes venezolanos ha incrementado la
probabilidad de empleo informal en Colombia en un 0,49% por cada 10.000 inmigrantes que
ingresan a una ciudad (Cuadro et al., 2019). Los migrantes venezolanos enfrentan desafíos en el
mercado laboral, con altas tasas de informalidad y bajos ingresos. Solo el 18,3% de los profesionales
migrantes trabajan en su campo debido a dicultades en el reconocimiento de credenciales (Tribín-
Uribe et al., 2020). A pesar de estos desafíos, la migración venezolana ha contribuido a la economía
de Colombia con estudios scales que estiman contribuciones tributarias de USD 529 millones en
2022 (Tribín-Uribe et al., 2020). La integración de los migrantes venezolanos al mercado laboral
colombiano se ha visto inuenciada por los cambios recientes en las políticas migratorias y las
condiciones económicas (Álvarez, 2023). Estos estudios enfatizan la necesidad de políticas integrales
para abordar los desafíos socioeconómicos que enfrentan los migrantes venezolanos y maximizar sus
posibles contribuciones a la economía de Colombia.
La pandemia de COVID-19 ha exacerbado los desafíos que enfrentan las personas migrantes
en América Latina, incluyendo el aumento del desempleo, el acceso limitado a la atención médica y
la protección social (González y Noroño, 2024; Tarán y Solorzano, 2021). Las personas migrantes
a menudo tienen dicultades para seguir las recomendaciones de salud debido a la vivienda
inadecuada, la falta de acceso a agua potable y la necesidad de seguir trabajando (Elías et al., 2020).
La crisis ha puesto de relieve la importancia de las políticas públicas inclusivas que aborden la
protección laboral y social sin discriminación (González y Noroño, 2024). Las respuestas ecaces
deben respetar los derechos, prevenir la propagación del virus y mantener el bienestar social y
económico (Tarán y Solorzano, 2021). Sin embargo, muchas políticas se han implementado con
poca consideración por las personas migrantes, lo que ha provocado problemas de salud, desempleo
y pérdida de medios de vida (Tarán y Solorzano, 2021). Un enfoque integral que aborde cuestiones
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Reexionando la situación de la población migrante venezolana
interconectadas como la salud, la protección social, el empleo y la no discriminación, es necesario
para enfrentar los desafíos que plantea la pandemia (Tarán y Solorzano, 2021).
En 2024, más de 1,3 millones de personas migrantes recibieron asistencia humanitaria en
América Latina (R4V, 2024). Sin embargo, el nanciamiento internacional sigue siendo insuciente:
solo se ha cubierto el 13% del presupuesto solicitado para la respuesta regional (RMNA, 2024).
La integración efectiva de la población migrante venezolana se ha abordado desde diferentes
perspectivas institucionales y académicas. ACNUR (2024) enfatiza la importancia de garantizar
el acceso a empleo formal y a servicios sociales como ejes fundamentales para la estabilidad
económica y social de las personas migrantes. Por su parte, Lauritano et al. (2021) destacan que
la implementación de campañas contra la xenofobia y la discriminación constituye un elemento
esencial para reducir barreras sociales y promover la cohesión en las comunidades receptoras. En
línea con estas propuestas, la CEPAL (2024) plantea la necesidad de fortalecer la participación
comunitaria y la gobernanza inclusiva como mecanismos para lograr una integración sostenible
y equitativa. Complementariamente, Bahar (2022) subraya que la migración venezolana no solo
representa un desafío social, sino también una oportunidad demográca y económica, siempre que
se gestione con un enfoque basado en derechos humanos y desarrollo. Los resultados obtenidos
permiten validar la hipótesis planteada, evidenciando que los impactos socioeconómicos de la
migración venezolana son diferenciados según el contexto local y la respuesta institucional. La
revisión documental sistemática aporta un marco conceptual y contextual sólido para orientar el
trabajo de campo, fortalecer el diagnóstico comparativo y sustentar la formulación de políticas
públicas más integradoras en los territorios fronterizos.
Derechos humanos de la población migrante venezolana
A pesar de los esfuerzos regionales por garantizar protección, la migración venezolana representa
uno de los mayores desafíos humanitarios y de derechos humanos en América Latina, millones
de personas continúan enfrentando barreras estructurales que limitan el ejercicio pleno de sus
derechos fundamentales. Este capítulo analiza las principales vulneraciones, avances normativos y
retos pendientes en materia de derechos humanos con énfasis en salud, educación, trabajo digno,
protección internacional e integración.
Según el Informe R4V (2024), más de 4,2 millones de migrantes venezolanos en América
Latina requieren apoyo urgente para acceder a servicios básicos, empleo formal y documentación
legal. A pesar de que el 68% ha logrado algún tipo de regularización, más de 2 millones permanecen
en situación irregular, lo que restringe su acceso a salud, educación y vivienda.
El acceso a mecanismos de protección internacional sigue siendo limitado. En Colombia,
por ejemplo, el sistema de refugio presenta demoras de hasta tres años en resolver solicitudes sin
garantías claras de acceso al empleo o movilidad (Dejusticia et al., 2024). Además, la incompatibilidad
entre el Estatuto Temporal de Protección (ETPV) y el proceso de refugio ha generado inseguridad
jurídica y exclusión de derechos.
• La Corte Constitucional ha declarado inconstitucional la exigencia de renunciar
al proceso de refugio para acceder al Permiso por Protección Temporal (PPT),
evidenciando vacíos normativos (Dejusticia et al., 2024).
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• Las personas trans enfrentan vulneraciones a su identidad de género, ya que las
autoridades migratorias se adhieren a los registros del país de origen, ignorando el
enfoque diferencial (Dejusticia et al., 2024).
La migración venezolana ha sido objeto de discursos estigmatizantes y políticas securitizadoras
en varios países. En contextos electorales se ha instrumentalizado la migración como amenaza,
exacerbando la xenofobia y la exclusión social (Trompetero, 2024).
• En Colombia, el 81% de las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo entre
2018 y 2023 mencionan riesgos como reclutamiento forzado, explotación sexual
y violencia armada contra migrantes (Observatorio de Venezuela, Universidad del
Rosario, 2024).
• En Perú y Chile, se han documentado retrocesos en políticas de integración, con
aumento de deportaciones y restricciones de visado (Luz et al., 2024).
• A pesar de los desafíos, existen experiencias positivas en la región:
• El ETPV en Colombia ha regularizado a más de 2 millones de personas, permitiendo
acceso a la salud, la educación y el empleo formal (Migración Colombia, 2024).
• En Ecuador, más de 200.000 niños migrantes accedieron a la educación en 2023
gracias a programas de inclusión educativa (Plataforma R4V et al., 2024).
• La Plataforma R4V ha brindado asistencia humanitaria a más de 1,3 millones de
personas en 2023, incluyendo servicios de protección, vivienda y alimentación.
Frente a este escenario, es importante considerar retos como: el fortalecer los sistemas
de refugio con enfoque de derechos y plazos razonables, garantizar el acceso universal a servicios
básicos sin discriminación por estatus migratorio, promover campañas contra la xenofobia y la
estigmatización, y asegurar nanciamiento internacional suciente. En 2024, solo se ha recibido el
13% del presupuesto solicitado para la respuesta regional (Plataforma R4V et al., 2024).
Discusión
La revisión bibliográca sistemática permitió constatar los resultados planteados en el capítulo
metodológico, validando la hipótesis de que la exclusión social, la fragmentación normativa y
las condiciones estructurales del contexto afectan de forma diferenciada a la población migrante
venezolana en territorios fronterizos.
Las evidencias recolectadas corroboran que hay patrones constantes de exclusión en servicios
fundamentales, en salud, educación y trabajo. Las mujeres gestantes y niños migrantes enfrentan
barreras para acceder a servicios médicos esenciales (Fernández-Niño et al., 2019).
En el ámbito educativo y de acceso a servicios básicos, la literatura evidencia que las
barreras documentales, junto a obstáculos institucionales y la debilidad de las redes sociales, limitan
signicativamente la integración de los migrantes venezolanos. Estas restricciones se traducen en
menor probabilidad de empleo, reducción de ingresos y mayores niveles de informalidad, además
de dicultar el acceso a la salud y la educación. Particularmente, estas barreras afectan con mayor
intensidad a mujeres y jóvenes. A nivel laboral, persiste una predominancia del empleo informal
y salarios precarios, condición que se potencia cuando la regularización migratoria es inexistente;
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quienes obtienen permisos documentales muestran mejores ingresos y estabilidad laboral, en
comparación con quienes quedan en situación irregular (Ardila, Dávalos y García-Suaza, 2023).
Se evidenció también que los instrumentos de regulación migratoria, como el ETPV en
Colombia y las visas humanitarias en Perú, aunque innovadores, presentan debilidades en su
implementación (Luz et al., 2024; Romero y Uribe, 2021). Las políticas tienden a segmentarse
según el estatus migratorio, reproduciendo formas de exclusión legal y social (Matías et al., (2020).
Las experiencias previas a la migración también impactan la vulnerabilidad y las trayectorias
migratorias, afectando la percepción de riesgos para la salud sexual y los comportamientos de
búsqueda de atención. La vulnerabilidad está inuenciada por factores como la nacionalidad,
el género, la edad, la experiencia de viaje previa, las redes de apoyo y el nivel socioeconómico
(González y Aikin, 2015). Para los exiliados, los impactos en la salud mental varían según las
variables demográcas y contextuales, con mayores riesgos asociados con los conictos bélicos, la
falta de apoyo social y la discriminación en las sociedades de acogida (Flórez, 2024). Los factores
protectores incluyen una edad más joven, redes familiares y sociales fuertes, condiciones económicas
favorables y anidad cultural en el país antrión (Flórez, 2024).
Conclusiones
En primer lugar, se evidenció que la migración venezolana representa un proceso estructural y
multidimensional, caracterizado por patrones mixtos de movilidad, forma de migración pendular o
circular (movimientos transfronterizos de corta duración), migración de tránsito (uso del territorio
como corredor hacia otros países), migración con vocación de permanencia y movimientos de
retorno o sucesivos, persistencia en el tiempo y transformación de territorios receptores. La magnitud
del ujo migratorio ha impuesto cargas adicionales sobre sistemas públicos que ya enfrentaban
limitaciones históricas, especialmente en salud, educación y empleo.
En segundo lugar, la investigación permitió identicar vacíos normativos y fragmentación
institucional en las políticas migratorias vigentes en Colombia y Perú. Si bien ambos países han
desarrollado marcos regulatorios importantes, como el Estatuto Temporal de Protección (ETPV)
en Colombia y las visas humanitarias en Perú, su implementación ha sido desigual y en muchos
casos restrictiva, lo que ha contribuido a la exclusión legal y social de los migrantes, en particular
aquellos en situación irregular. Como se evidencia en los documentos analizados, esta brecha entre
la norma y la realidad se maniesta en barreras concretas. En Colombia, a pesar de que el ETPV ha
beneciado a más de dos millones de personas, se estima que 2.2 millones de migrantes permanecen
en situación irregular, en parte debido a la exclusión de quienes ingresaron al país después de las
fechas de corte y a las barreras tecnológicas o de información para acceder al registro. En Perú,
el endurecimiento de los requisitos migratorios ha generado retrocesos en la protección efectiva.
La revisión bibliográca destaca que los enfoques de ambos países, aunque bien intencionados,
a menudo son reactivos y fragmentados, dejando a amplios sectores de migrantes fuera de los
sistemas de bienestar. Esta exclusión no solo se traduce en la falta de documentación, sino que
limita directamente el ejercicio de derechos fundamentales como la salud, la educación y el empleo,
perpetuando ciclos de vulnerabilidad y exclusión estructural.
En tercer lugar, los resultados conrmaron que los impactos socioeconómicos de la población
migrante son fuertemente diferenciados por el género, edad y estatus migratorio. En Colombia las
mujeres representan el 81.3% de la población migrante, lo que incrementa su exposición a riesgos
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en salud sexual y reproductiva. La mayoría de migrantes se concentra en edades productivas: entre
68.6% y 73.8% tienen entre 18 y 59 años, pero enfrentan alta informalidad laboral (hasta 68% en
Ecuador) y una pesada carga económica por dependientes. Además, el acceso a apoyo institucional
es muy limitado, con 88.8% sin redes de apoyo en Colombia y cifras similares en Ecuador y Perú, lo
cual subraya la urgente necesidad de políticas interseccionales que respondan a estas vulnerabilidades
especícas.
La revisión también permitió construir una línea base conceptual robusta que orientará la
siguiente fase empírica del proyecto. Esta base incluye categorías analíticas clave como condiciones
socioeconómicas, acceso a derechos, respuesta estatal, capital social e integración territorial. Así, el
trabajo de campo podrá profundizar en dinámicas contextuales especícas que permitan generar
recomendaciones concretas para el diseño de políticas públicas más inclusivas y sostenibles.
Finalmente, el artículo destaca el valor de la revisión bibliográca sistemática como
herramienta de análisis comparativo, capaz de integrar evidencia empírica dispersa y construir marcos
conceptuales que fortalezcan la producción académica sobre migración y desarrollo territorial. La
sistematización rigurosa de fuentes secundarias aportó insumos metodológicos fundamentales para
validar la hipótesis y sustentar líneas de investigación focalizadas en contextos de frontera.
Recomendaciones
Los Estados latinoamericanos deben continuar fortaleciendo mecanismos de regularización
sostenibles, simplicando procesos administrativos y reduciendo costos. Asimismo, es necesario
reconocer la condición de refugiado conforme a la Declaración de Cartagena, ampliando el enfoque
de protección internacional. En este contexto, CEPAL (2024) destaca la importancia de marcos
normativos que garanticen los derechos humanos, independientemente del estatus migratorio.
Frente a la precariedad socioeconómica de la población migrante venezolana, se recomienda
fortalecer la cobertura universal de salud, educación y vivienda digna. Asimimso, se sugiere diseñar
estrategias de inclusión nanciera que faciliten el acceso a servicios bancarios y créditos productivos.
Además, es fundamental implementar mecanismos de convalidación de títulos profesionales para
promover la inserción laboral formal.
La integración exige políticas activas y participación comunitaria. Se recomienda establecer
programas laborales con enfoque de género y protección social, fomentar campañas de sensibilización
contra la xenofobia e incluir a organizaciones migrantes en la formulación de políticas locales.
El fenómeno migratorio requiere respuestas regionales coordinadas. Se propone fortalecer
mecanismos como el Proceso de Quito, plataformas de cooperación intergubernamental, establecer
instrumentos nancieros que respalden programas sostenibles y exigir mayor compromiso
internacional en el nanciamiento humanitario.
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